El documento, que forma parte de una serie de análisis de compatibilidad entre la ley 27.801 y las leyes penales juveniles provinciales, examina las tensiones normativas —sustantivas, procesales y orgánicas— derivadas de la coexistencia entre la ley 27.801 y la legislación de la Provincia de Santiago del Estero.

El documento, que forma parte de una serie de análisis de compatibilidad entre la ley 27.801 y las leyes penales juveniles provinciales, examina las tensiones normativas —sustantivas, procesales y orgánicas— derivadas de la coexistencia entre la ley 27.801 y la ley 7.349 de la Provincia de Santiago del Estero.

Recomendaciones de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes frente a la entrada en vigencia de la ley 27.801. Un llamado a la reflexión nacional.

Análisis breve y en lenguaje no técnico sobre las principales problemáticas en términos de convencionalidad y constitucionalidad de la ley 27.801.

Recomendación dirigida a los poderes ejecutivos conteniendo los estándares mínimos exigibles respecto de la dependencia institucional, gestión y administración de los dispositivos penales juveniles.

Análisis integral sobre la constitucionalidad de la ley 27.801, que identifica las principales problemáticas que entraña ese régimen, incluyendo la falta de perspectiva de derechos humanos con enfoque específico en la niñez y la adolescencia y el apartamiento deliberado de los estándares internacionales y del bloque de constitucionalidad federal que obligan al Estado argentino.

Declaración firmada durante el debate legislativo sobre el proyecto de reforma penal juvenil, suscripto por la Defe, el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y el Consejo Federal de Mecanismos Locales. El posicionamiento destaca el carácter regresivo de la reforma y la contradicción expresa con las recomendaciones y estándares internacionales aplicables.

Posicionamiento de las Defensorías de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de las provincias de Córdoba, Jujuy, La Pampa, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero, junto con la Defensoría Nacional, respecto del entonces proyecto de ley de régimen penal juvenil debatido en el Congreso de la Nación.

Documento suscrito conjuntamente por numerosos organismos de derechos humanos con consolidada trayectoria en la defensa de la niñez y la adolescencia, respecto del dictamen de mayoría para la modificación de la ley penal juvenil.

Recomendación respecto de los estándares mínimos de cumplimiento obligatorio para todo establecimiento destinado al alojamiento de adolescentes bajo medidas restrictivas o privativas de la libertad, las bases operativas para la adecuación técnica de los dispositivos y los mecanismos de supervisión e inspección regular a implementarse.

Presentación ante la Corte IDH en el caso “Mendoza y otros vs. Argentina”, incluyendo un relevamiento nacional sobre el universo de adolescentes y jóvenes condenados a penas privativas de la libertad superiores a los 10 años.

Posicionamiento institucional de los principales órganos de control, de la magistratura federal y nacional sobre estándares mínimos convencionales y constitucionales que debe cumplir cualquier reforma penal juvenil (incluyendo la Defe, la Defensoría del Pueblo de la Nación, la PPN, la Asociación de Magistrados y Funcionarios y la DGN).

Posicionamiento institucional de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación y sus homólogas provinciales respecto a los lineamientos estructurales que deben regir el sistema penal juvenil en Argentina.

Recomendaciones dirigidas a la Provincia de Salta respecto de las pautas generales que debe contemplar todo proceso penal seguido contra adolescentes.

Recomendaciones dirigidas a a la provincia de San Luis en torno a la adecuación normativa y la institucionalidad necesaria para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.