La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes realiza regularmente seguimiento y monitoreo de la inversión en niñez y adolescencia, tanto a nivel nacional como jurisdiccional, promoviendo una mirada transversal de los presupuestos para políticas destinadas a niñez y adolescencia de forma directa e indirecta.
En relación al Proyecto de Presupuesto del Gobierno Nacional para el año 2026, la Defe ha publicado un documento donde se analiza la inversión en niñez y adolescencia incluida en el mismo, siguiendo el criterio de selección de programas etiquetados como destinados a niñas, niños y adolescentes (NNyA) de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP-MECON), contrastando con los escenarios de ejecución presupuestaria de 2023 -último año con Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso de la Nación- y 2025 (año calendario que se encuentra en etapa de finalización).
El Presupuesto 2026 mantiene la tendencia de ajuste para las políticas de niñez, mientras que el año 2025 finalizaría como el tercer año consecutivo de caída real. En materia de educación, se derogaría el art. N° 9 de la Ley de Educación Nacional, que establece la obligatoriedad de invertir en educación al menos 6% del PIB. Los programas educativos nacionales para niñez y adolescencia tendrían un presupuesto 73% inferior a 2023, y se desfinanciarían programas de infraestructura y equipamiento escolar. En relación a las prestaciones de Seguridad Social, habría más presupuesto real para la AUH, pero menos para las asignaciones de trabajadoras/es formales; y se eliminaría el aumento automático por inflación.
Desde este organismo se han publicado anteriormente documentos con preocupación manifiesta ante la ausencia de una Ley de Presupuesto Nacional en los últimos dos años, lo que trae aparejado diversos problemas, entre ellos el atraso en las partidas que no tienen actualización por inflación, habilitando la discrecionalidad en el uso de los recursos. Esto atenta contra el cumplimiento de los mandatos convencionales y constitucionales y, específicamente, contra lo previsto en la Ley 26.061, donde se expresa que el presupuesto destinado a la niñez y adolescencia debe tener una asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que garantice el cumplimiento de los derechos de la población de 0 a 17 años.
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